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Un análisis sobre el inadecuado oportunismo político y las consecuencias que salpican el ánimo social: una práctica de corrosión contra la legitimidad del Estado.

POR GIULIANA GENNA

Desprestigiar a la actividad política desde el ejercicio de la función política, podría considerarse una cuestión menor frente a la magnitud de los problemas que hoy nos toca afrontar, sin embargo es precisamente, por el escenario en el que nos situamos, que este comportamiento toma relevancia y genera gran preocupación.

Vemos todos los días desde hace 4 meses cómo los dispositivos del Estado van tomando mayor protagonismo para atender las demandas de las ciudadanas y ciudadanos afectados por las dolorosas consecuencias de la pandemia mundial del virus Covid-19.

Dan cuenta de ello, por ejemplo, la implementación desde el Gobierno Nacional de programas de asistencia financiera como el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) destinado a las y los trabajadores de la economía informal o el ATP (Asistencia al Trabajo y a la Producción) mediante el cual el Estado colabora con el sector empresario aportando la mitad del sueldo de las y los empleados.

Por su cuenta, la entrega de créditos a tasa cero a Pymes y emprendedores desde el Gobierno Provincial y la asistencia inmediata con módulos de alimentos y sanitarios para los sectores humildes de parte de los gobiernos municipales. Políticas fundamentales para paliar la crisis económica, contener una abrupta caída de la producción y evitar el estallido social.

Se encuentra razonable, mas también imprescindible, entonces, que todo el arco político y de los distintos órdenes de gobierno se disponga a trabajar de manera mancomunada en pos de alcanzar tales objetivos y, asimismo, que acuerden cierta línea discursiva favorable a promover la responsabilidad social e instar a los miembros de la ciudadanía a comportarse acorde a los principios de solidaridad, respeto y cuidado para con el otro.

Sin embargo, somos testigos de cómo algunos -y algunas- desde el propio ejercicio de la función pública, no reparan en la tragedia e insisten en actuar conforme al oportunismo partidario, oportunismo que suele ser práctica común y corriente incluso válida dentro de la dinámica política pero que, en circunstancias excepcionales de grave crisis y profunda conmoción social como la que nos aqueja debiera saber ser dejada de lado o, de lo contrario, ser objeto de un potente repudio generalizado.

Penosamente, ambas hipótesis carecen de sustento fáctico. La realidad es que los efectos del comportamiento aludido escapan por la diagonal y sus consecuencias, parece ser, discurren por los vasos sanguíneos del tejido social incidiendo de sobre y mala manera en el estado de ánimo colectivo.

“LA ADHESIÓN A LA LEY NOS PARECE NETAMENTA RECAUDATORIA» esgrimió, hace 3 semanas, la presidenta de la bancada opositora del Concejo Deliberante de la ciudad de Alta Gracia en ocasión del debate por la adhesión del Municipio a la Ley de Multas número 10.702 sancionada por la Legislatura Provincial, la cual dispone la aplicación penas pecuniarias que van desde $5000 a $500000 a aquellas personas que transgredan los protocolos de bioseguridad y sanitarios dispuestos a los fines de proteger la salud pública y prevenir el contagio del virus Covid-19.

El bloque UCR-PRO se abstuvo en la votación mientras aquel enunciado ya recorría portales de noticias, conversaciones en programas radiales matutinos y posteos en Facebook. Los comentarios de lectores, audiencia y usuarios de redes sociales tales como «nos quieren seguir metiendo la mano en el bolsillo» o » los políticos son todos choros», no tardaron en llegar.

La pena, además de cumplir una función punitiva (castigar al culpable) sobre aquellas conductas que atentan contra determinados intereses comunes de la sociedad protegidos por el ordenamiento jurídico (bienes jurídicos), también funciona como una amenaza que busca disuadir e inhibir aquellos comportamientos antijurídicos mediante la imposición de sanciones (evitar que se cometa un delito o contravención).

En el Derecho Penal, esta teorización se enmarca dentro de las «Teorías de la Pena: absolutas/relativas – función de prevención general de la pena». En el caso concreto que nos atiende: prevención general vía aplicación de multas (pena) para disuadir, por ejemplo, reuniones sociales masivas (comportamiento reprochable que se pretende inhibir) y evitar el contagio exponencial de casos a los fines de resguardar la salud pública (protección del bien jurídico salud pública).

Si el bloque opositor hubiera actuado con la responsabilidad que amerita el caso -teniendo como prevalente el fin perseguido con la aplicación multas indicado en el párrafo anterior y colaborado así en la construcción de un discurso unificado tendiente a la toma de conciencia sobre la imperiosa necesidad de cuidado-, tal vez las reuniones y fiestas clandestinas realizadas el fin de semana pasado con concurrencia masiva y que, causalmente, contaron con la participación de referentes juveniles del mismo espacio partidario, no se hubieran realizado. La falta de sensatez y el inconveniente oportunismo se vuelven como un boomerang que golpea en la nuca en formato escrache.

También pierde fuerza el argumento de “meros fines recaudatorios” alegados por la jefa de bloque de la minoría cuando, a través de simples operaciones matemáticas, se puede inducir que el ingreso de lo recaudado por la aplicación de una cantidad de multas X frente al egreso por el gasto para solventar los programas de salud, el abastecimiento del personal médico sanitario, los insumos para cubrir las demandas que se deben resolver con urgencia sumado a la caída de la recaudación fiscal por la baja de la actividad económica, arroja resultados negativos en la balanza de los fondos públicos. Bien podría haberlo analizado ya que su partido cuenta con la mayoría en el órgano encargado, justamente, de controlar los ingresos y egresos de dinero de las cuentas del Estado Municipal, el Tribunal de Cuentas. Posicionarse en los medios mata espíritu republicano.

En definitiva, vemos con estos ejemplos concretos y estrechos a nuestra realidad diaria (sin perjuicio de la existencia de otros casos bastantes más graves que se dan en el orden nacional) cómo desde el ejercicio propio de la función política se la desprestigia y, en el afán de escupir para arriba, el impacto de la secreción al retornar termina salpicando a todos. Como consecuencia de este fenómeno, observamos que la opinión pública manifiesta cada día mayor descontento ante la actividad política y sus caras visibles: funcionarios y funcionarias.

De manera seguida, las instituciones -estructuras orgánicas en las que se materializa el funcionamiento del Estado- pierden legitimidad y, por ende, se erosiona el margen de acción para crear y establecer un orden tendiente a reforzar la colaboración social como medio para la satisfacción del bienestar general. Escupir para arriba da lugar a la avanzada del descontento, resignación y rechazo de más y más individuos por sobre la voluntad de participación alegre y propositiva en la búsqueda de soluciones colectivas, con sentido de integración como parte-miembro de un todo. Escupir para arriba implica allanar el camino de regreso a una sociedad en la que los hombres y mujeres se convierten en lobos de y para sus pares (Homo homini lupus).

La política, actividad esencialmente humana que se desarrolla en el campo democrático de los conflictos y consensos, es por antonomasia la herramienta de transformación social, pero, parafraseando a Solari, son muchos los cocineros que joden la sopa. Ante sus marcadas presencias en el campo, la apuesta (casi como un credo de fe) es que quienes depositamos en este instrumento la esperanza por la construcción de sociedades justas en las que reine el amor y la igualdad, hagamos lo propio. Comportarnos de manera tal que logremos generar con ricos, nutritivos y potentes ingredientes los suficientes anticuerpos para que la enfermedad no de paso a un destino moribundo signado por muecas de repugnancia.